Debo empezar mi artículo matizando el título que le he dado, ya que el concepto de “inclusión social” es parte intrínseca de cualquier idea razonable de “salud mental”. Por lo tanto, puede ser considerado redundante: el primer término incluye al último. No se puede comprender el uno sin el otro.

La definición clásica de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la salud mental abarca tres dimensiones. La primera es un estado de bienestar que permite hacer frente a las situaciones de estrés de la vida. La segunda está relacionada con la capacidad de aprender, trabajar y contribuir a la comunidad donde nos desenvolvemos. Difícilmente se puede hablar de salud mental concibiendo a los individuos como seres aislados. Por último, la OMS afirma explícitamente que la salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico.

En mis clases detecto fácilmente un sesgo biologicista en el alumnado a la hora de explicar la salud y la enfermedad. Padecen una tendencia irrefrenable a localizar siempre las causas en los neurotransmisores o en los genes. Yo les replico con la famosa frase de los expertos en salud pública: “el código postal explica mejor tu estado de salud que tu código genético”. Si no podemos gestionar el estrés de la vida de forma adecuada, nuestra salud mental empezará a erosionarse y, claro está, el nivel de estrés que debemos manejar depende de nuestras condiciones de vida: acceso a la vivienda, calidad del trabajo, seguridad ciudadana, igualdad y contexto político. Es decir, los determinantes sociales de la salud. Parece evidente, pero no siempre lo es.

Uno de los factores que más afecta a nuestra respuesta al estrés es la incertidumbre: la ausencia de información adecuada para predecir mínimamente el futuro. Existen modelos experimentales con animales que demuestran que la incertidumbre empeora nuestra respuesta fisiológica. En los últimos años, he podido trabajar con jóvenes de países como Ucrania, Armenia o Georgia, donde se padecen conflictos bélicos abiertos o problemas políticos especialmente violentos. Su angustia y miedo ante la situación de sus países es fácil de comprender debido a sus condiciones de vida. Sin llegar a ese nivel —por ahora—nosotros también estamos viviendo a marchas forzadas un cambio radical, político y tecnológico, al cual no podemos adaptarnos y que no sabemos a qué mundo nos va a llevar. La reciente guerra en Irán es el último capítulo de una misma historia: Siria, Irak, Ucrania, Gaza o el Líbano.

La pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para su control también forman parte de esta historia acelerada de cambios dramáticos. El virus puede entenderse como un fenómeno que contenía todos los factores de riesgo para la salud mental: incertidumbre, aislamiento social, enfermedad, muerte, infoxicación, fake news, crisis económica y paralización de los servicios públicos. En los meses siguientes al confinamiento, se produjo un aumento significativo de la sintomatología ansiosa y depresiva, así como de los índices de suicidio en muchas áreas de Europa. No obstante, a medio plazo —y en contra de los modelos predictivos publicados—, no se detectó un aumento generalizado de los suicidios a nivel global. Los estudios más rigurosos hallaron que la incidencia se mantuvo estable, lo cual demuestra que la población es resiliente. Dicho esto, en España sí hemos visto un repunte tras la pandemia, y las conductas autolesivas en los jóvenes son preocupantes a nivel mundial.

Podemos decir que, antes del COVID-19, existía una estabilidad moderada en España, con una prevalencia acumulada del 29% en medidas de autoinforme (principalmente trastornos ansioso-depresivos). Durante la pandemia, estos aumentaron hasta un 47% y se disparó el consumo de psicofármacos. Actualmente, nos encontramos ante una mayor apertura social para hablar del tema, pero con un sistema sanitario saturado y listas de espera de más de 100 días. Aunque la prevalencia ha disminuido ligeramente, se mantiene alta: el 34% de la población reconoce tener un problema de salud mental según datos de 2025. Este dato desciende al 26% cuando utilizamos una medida más restrictiva, como los diagnósticos clínicos en centros de salud.

La prevalencia de trastornos de ansiedad registrados es el doble en mujeres que, en hombres, y los diagnósticos son más frecuentes cuanto menor es la renta. En los estratos más pobres, los casos de depresión son hasta tres veces superiores. Los jóvenes son una de las poblaciones más vulnerables, entre otras causas por la exposición a los riesgos de las redes sociales. Aunque los diagnósticos alcanzan su pico a partir de los 50 años, los jóvenes son quienes más "visibilizan" el problema.

En mi opinión, los adolescentes y jóvenes son víctimas perfectas del sistema. No es extraño que esta población sea vulnerable a los discursos de odio y tienda a votar a partidos populistas; el resentimiento y la frustración provocan conductas irracionales. Otro grupo especialmente vulnerable son las personas migrantes, sobre todo aquellas que han sufrido traumas en sus países de origen, durante el trayecto o debido a la discriminación en los países de acogida. Recientemente, hemos comenzado un proyecto financiado por el Ministerio de Innovación y Universidades denominado: “Salud mental y bienestar en narrativas migrantes desde una perspectiva interseccional: del diagnóstico participativo a la intervención”.

Una consecuencia positiva de la pandemia ha sido la entrada de la salud mental en la agenda política. Sin embargo, detecto dos riesgos: el primero es la psicopatologización, es decir, transformar cualquier experiencia dolorosa en una etiqueta técnica que deba ser tratada con fármacos. El segundo es la influencia de un discurso cercano a las pseudociencias, que mezcla conceptos de neurología con ideas empresariales para ofrecer recetas fáciles de “éxito”. Ambos riesgos comparten una visión mercantilista e individualista: "si sufres, es porque no te has esforzado lo suficiente en cambiar tu interior". Se culpabiliza al individuo de sus circunstancias.

Ante este panorama, incrementar el número de profesionales es necesario, pero insuficiente. Resulta evidente que el creciente estrés sufrido por la población a nivel global no podrá ser afrontado exclusivamente por los servicios de atención a la salud mental.

Para afrontar estos problemas será necesario una profunda transformación del modelo de atención y, desde luego, proteger a los más vulnerables económica y socialmente. Es perentorio incrementar los programas de promoción de la salud y prevención, fortalecer los vínculos comunitarios involucrando a instituciones que no pertenecen al ámbito sanitario, por ejemplo, asociaciones de jóvenes, instituciones laborales o educativas, en la detección temprana y la atención de la salud mental.

Para ello es prioritario la formación de la ciudadanía en primeros auxilios psicológicos y una apuesta decidida a nivel político por las actividades culturales, deportivas y artísticas que la evidencia científica ha demostrado que tienen un impacto positivo en la salud mental.

En esta línea estamos trabajando junto con asociaciones de jóvenes de siete países tanto de la UE como del este de Europa, incluyendo Ucrania, y con financiación de la Unión Europea en la formación en primeros auxilios psicológicos de profesionales que trabajan con jóvenes (Psychological First Aids and Creative Techniques- https://pactproject.eu/).

Javier Saavedra

Delegación Acción Verapaz-Sevilla

Profesor Titular Departamento Psicología Experimental-Universidad de Sevilla

Coordinador grupo de Investigación-LAH-Identidad, Salud y Cambio Social

Marzo 2026