Según el diario “El País” (15/03/13), “entre 2008 y 2012 se han ejecutado más de 250.000 desahucios, lo que supone un incremento del 200% respecto a la cifra del lustro anterior”. El dato proporciona una idea cabal de la profundidad y extensión de la vulneración del derecho a una vivienda digna que la Constitución dice proteger en nuestro país.

Cientos de miles de familias se encuentran desprotegidas ante los abusos y engaños disimulados de muchos bancos al no poder hacer frente a las hipotecas concedidas. Nadie debería ser desalojado de su vivienda si no se le garantiza la defensa efectiva de sus derechos y dispone, además, de una vivienda alternativa digna en condiciones accesibles.

Gracias a la acción judicial emprendida por el juez José Mª Fernández Seijo en defensa del desahuciado Mohamed Aziz ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo y al apoyo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el jueves 14 de Marzo este tribunal declaró a la normativa española contraria a la legislación europea, otorgando poder a los jueces para frenar cautelarmente los desahucios ante cláusulas abusivas en las hipotecas firmadas.

De este modo, aquellos que hayan iniciado el procedimiento para que alguna de las cláusulas de su hipoteca sea considerada abusiva, podrá pedir al juez las suspensión cautelar de su desalojo, y también otros casos. El Gobierno tendrá que cambiar su ley.

Pero aun siendo una buena noticia, aún falta mucho: Definir cuándo una cláusula es abusiva, qué ocurre con los que ya fueron desalojados, conseguir que los bancos no impongan su opinión sobre esas cláusulas, acceso a viviendas sociales, a alquileres que la población pueda pagar…

Hay que seguir luchando, pero acciones como las protagonizadas por determinados jueces y la lucha permanente de los afectados en sus plataformas son una luz en el camino.