El problema de los desahucios venía levantando una ola de protestas en la sociedad, pero han tenido que producirse dos suicidios para que los políticos con capacidad para actuar para frenar en estas acciones, se hayan visto obligados a escuchar este clamor. Desgraciadamente llega tarde para muchos, los que ya han pasado por los desalojos y sobre todos para quienes la desesperación llevó a quitarse la vida. Pero al fin parece que algo de sensatez y de sensibilidad hacia los sufrimientos de quienes están llamados a proteger los derechos de los ciudadanos, se está produciendo.
Lo que viene pidiendo el clamor popular no es un privilegio, sino un derecho, reconocido tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, como por la Constitución española:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Declaración, Art. 25).
En la Constitución española se confía a los Poderes Públicos esta función: “Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (Cap. II, Art. 47).